Investigan a funcionario de Corte Electoral por vender certificados de sufragio
Un funcionario de la Corte Departamental Electoral es investigado por la Policía, por vender certificados de sufragio a 100 bolivianos cada uno. El descubrimiento lo hizo un policía asignado a Migración, quien aprehendió tanto al vendedor como al comprador de la tarjeta.
El martes, Luis Carlos Cortés Miranda acudió a las oficinas de Migración en la Av. Ballivián, para tramitar su pasaporte. El policía Marcelo Pardo le advirtió que le exigirían la presentación de su certificado de sufragio del referéndum revocatorio, pero Cortés le dijo que no había podido acudir a las urnas. El policía le recomendó que se dirigiera a la Corte Electoral, para solicitar un certificado de impedimento de sufragio con el que el trámite se agilizaría. El hombre se fue y retornó poco después con un carnet de sufragio, como si hubiera votado en el referéndum. El policía se extrañó y le preguntó cómo logró el documento si él mismo le había confiado que no votó el 10 de agosto. Cortés terminó confesando que había comprado el mismo, de un funcionario de la CPE, en 100 bolivianos.
El policía, una funcionaria administrativa de Migración y el comprador se dirigieron hacia la Corte Electoral, para hacerle creer al funcionario Luis Alberto León Alba, que necesitaban otro certificado de sufragio, pero cuando éste les vendía el documento, fue aprehendido en flagrancia. Tanto el funcionario de la CPE como el comprador, fueron remitidos al Ministerio Público, por el delito de peculado, previsto por el Artículo 142 del Código Penal, el mismo que advierte textualmente “el funcionario público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con la privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 60 a 200 días”.
El martes, Luis Carlos Cortés Miranda acudió a las oficinas de Migración en la Av. Ballivián, para tramitar su pasaporte. El policía Marcelo Pardo le advirtió que le exigirían la presentación de su certificado de sufragio del referéndum revocatorio, pero Cortés le dijo que no había podido acudir a las urnas. El policía le recomendó que se dirigiera a la Corte Electoral, para solicitar un certificado de impedimento de sufragio con el que el trámite se agilizaría. El hombre se fue y retornó poco después con un carnet de sufragio, como si hubiera votado en el referéndum. El policía se extrañó y le preguntó cómo logró el documento si él mismo le había confiado que no votó el 10 de agosto. Cortés terminó confesando que había comprado el mismo, de un funcionario de la CPE, en 100 bolivianos.
El policía, una funcionaria administrativa de Migración y el comprador se dirigieron hacia la Corte Electoral, para hacerle creer al funcionario Luis Alberto León Alba, que necesitaban otro certificado de sufragio, pero cuando éste les vendía el documento, fue aprehendido en flagrancia. Tanto el funcionario de la CPE como el comprador, fueron remitidos al Ministerio Público, por el delito de peculado, previsto por el Artículo 142 del Código Penal, el mismo que advierte textualmente “el funcionario público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con la privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 60 a 200 días”.
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