Recuperan una parte del botín arrebatado a Jorge O'Connor
Lucio Lazo Contreras (centro) fue capturado en una vagonetaAyer, a las 4:00, efectivos de UMOPAR detuvieron a Lucio Lazo Contreras, empleado de Ernesto Córdova, que tenía en su poder $us 135 mil, en la tranca de Unduavi, aunque después el fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, dijo que el monto sólo era de $us 132.800. Se trata de parte de los $us 450 mil que le robaron al empresario Jorge O'Connor el 27 de enero, cuando fue victimado y se develó el caso de corrupción en la estatal petrolera.
El hecho abrió una investigación que develó que el dinero era parte de una supuesta coima para el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, quien había aprobado un contrato a favor de O'Connor y su empresa Catler-Uniservice.
De acuerdo con el informe policial, Lazo Contreras viajaba a Palos Blancos en Yungas a bordo de una vagoneta. Tenía una mano herida y se mostró "excesivamente nervioso", lo que hizo sospechar a los policías, que le pidieron la mochila que llevaba.
El ahora arrestado no quiso entregarla y en el forcejeo quedaron al aire libre dos paquetes que hicieron sospechar del transporte de droga, lo que ocasionó su detención, pero luego de desenvolver los paquetes encontraron el dinero y al ser interrogado, Lazo dijo que se trataba de un "golpe" que había dado esa noche.
INTERROGADO
Fue trasladado a La Paz y la detención fue comunicada en horas de la mañana a los fiscales, quienes lo interrogaron por más de seis horas y confirmaron que el dinero es parte del botín que le arrebataron a O'Connor.
Lazo es conocido como "el negro", presumiblemente por su color, y trabajó como garzón en los locales de El Caballito y Pa'gozá, de propiedad de los hermanos Córdova, sindicados de haber planificado el atraco.
Cuando requisaron las casas de Ramírez, los fiscales encontraron dos manuscritos que decían: "El 'Gordo' tiene la plata..." y "el 'Negro' bajó las gradas...".
Según la abogada de la esposa de Ramírez, Teresa Montaño, esos manuscritos pertenecen a su clienta Giovanna Navia, que escribió lo que decía una vidente que fue contratada por la familia para ver hasta qué punto estaban implicados sus hermanos.
CASI EL 50%
Con la recuperación de este dinero, la Policía logró hallar casi el 50 por ciento de lo robado. En poder de Rufino Rodríguez, alias "Rufo", se encontró $us 88.000.
Por otro lado, la Fiscalía también determinó imputar al hermano de la víctima, Miguel O'Connor por los indicios que tienen sobre el pago de la supuesta coima.
Asimismo, la asesora de Ramírez, Esther Carmona, será presentada a una audiencia de medida cautelar que definirá su futuro.
SOBRE LA INVESTIGACIÓN
INDAGAN GANANCIAS ILÍCITAS. La Fiscalía de Distrito comenzó a investigar, por supuestas ganancias ilícitas, a siete ciudadanos que residen en Tarija, entre ellos Pablo Cossío Cortez, hermano del prefecto Mario Cossío, y Miguel O'Connor D'Arlach, hermano del gerente de Catler Uniservice, Jorge O'Connor, que fue atracado y asesinado tras lo cual le robaron $us 450.000.
LLAMAN A TESTIGOS. La Fiscalía realizará, mañana, un desfile identificativo de los implicados en el asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach para establecer si Rufino Rodríguez fue quien disparó contra él, toda vez que el identikit del asesino elaborado por la Policía, mediante la descripción de los testigos, no coincide con el supuesto autor de este crimen.
RECUSAN A UN FISCAL. La defensa de Luis Fernando Córdova, acusado por haber planificado el "volteo" de 450 mil dólares provenientes de una presunta coima a favor de Santos Ramírez, pidió la recusación del fiscal Luis Mamani, a cargo de este caso.
EN SIPSA YA ANUNCIAN JUICIO CONTRA VILLEGAS
Mientras la Contraloría General de la República y el Ministerio de Transparencia confirmaron ayer que iniciarán una auditoría a YPFB-Sipsa con el objetivo de esclarecer supuestas irregularidades en la conformación de la empresa de sociedad anónima y que ahondan las denuncias contra el ex presidente de la estatal Santos Ramírez; el aún gerente general de YPFB Sipsa, Rogelio Ashimine, aclaró que sigue al mando de esa compañía y anunció acciones legales en la Fiscalía contra el actual presidente de la petrolera, Carlos Villegas, por intervenir arbitrariamente sus instalaciones y violar el Código de Comercio.
Según las autoridades gubernamentales, los documentos de constitución revelan que Ramírez, en nombre de YPFB, adquirió el 25 de agosto del año pasado 218 acciones de la empresa Full Industry y que el 4 de septiembre la conformó como SIPSA, una sociedad anónima, es decir una compañía privada al margen de la estatal, y puso a su mando a sus principales hombres de confianza: Rogelio Ashimine, como gerente; Misael Gemio, presidente; y María Esther Carmona, vicepresidenta.
Ashimine en una conferencia de prensa realizada ayer dijo que antes de juzgar a las personas, ellos deben demostrar la irregularidad. Ante esa situación, indicó que presentó una demanda contra Villegas, porque ordenó la intervención del edificio de Sipsa en el parque urbano. Sobre el retraso en la perforación del pozo Víbora, dijo que la obra tiene un avance de 99% y sólo falta materiales tubulares de la certificadora Continental y 600.000 litros de diesel para poner en marcha el equipo.
DESAPARECEN BS 100 MIL DESTINADOS A OBRA EN POTOSÍ
Una nueva sombra de corrupción cubre a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debido a la pérdida de 100 mil bolivianos que estaban destinados a pagar el anticipo a la empresa Inprocon para la construcción del muro perimetral de la nueva engarrafadora de Potosí, proyectada en la zona de Cala Cala.
El 9 de noviembre del pasado año, el gerente nacional de Administración de YPFB, Marco Antonio Vega, sacó los 100.000 Bolivianos de la regional de Potosí, según confirmó el agente regional Lionel Hinojosa.
El dinero debió ser entregado a la empresa Inprocon de Freddy Murillo Fanola pero ni un solo centavo llegó a la misma y nadie conoce el destino de esos recursos fiscales.
Freddy Murillo no pudo ser entrevistado pues estaba en pleno viaje cuando este diario lo contactó telefónicamente; no obstante, la administradora de Inprocon, Elena Delgado, manifestó que YPFB debió haberles pagado el anticipo de la obra.
Cuando se le consultó si habían efectuado alguna representación ante las autoridades para que se les haga efectivo el pago, la comunicación vía celular se cortó aparentemente debido a fallas técnicas.
En la regional de YPFB se conoció que Delgado ya les había comunicado que no recibieron el pago de los 100.000 Bolivianos y estaban esperando que se haga efectivo.
Siempre en YPFB de Potosí se pudo conocer que la obra consiste en la construcción de un muro perimetral para un área de 12 kilómetros que se encuentran en la zona de Cala Cala, camino a Sucre.
Inicialmente se había establecido que el costo de la obra estaría en el orden de 1.250.000 bolivianos, con la finalidad de garantizar la instalación de una nueva planta engarrafadora ya que la actual se encuentra en un área urbanizada y rodeada de viviendas, frente al estadio "Víctor Agustín Ugarte".
Los trabajos se paralizaron pues el estudio de suelos no fue concluido y se tiene que implementar algunas recomendaciones adicionales con la finalidad de garantizar una obra de calidad que no presente dificultades en el futuro.
El hecho abrió una investigación que develó que el dinero era parte de una supuesta coima para el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, quien había aprobado un contrato a favor de O'Connor y su empresa Catler-Uniservice.
De acuerdo con el informe policial, Lazo Contreras viajaba a Palos Blancos en Yungas a bordo de una vagoneta. Tenía una mano herida y se mostró "excesivamente nervioso", lo que hizo sospechar a los policías, que le pidieron la mochila que llevaba.
El ahora arrestado no quiso entregarla y en el forcejeo quedaron al aire libre dos paquetes que hicieron sospechar del transporte de droga, lo que ocasionó su detención, pero luego de desenvolver los paquetes encontraron el dinero y al ser interrogado, Lazo dijo que se trataba de un "golpe" que había dado esa noche.
INTERROGADO
Fue trasladado a La Paz y la detención fue comunicada en horas de la mañana a los fiscales, quienes lo interrogaron por más de seis horas y confirmaron que el dinero es parte del botín que le arrebataron a O'Connor.
Lazo es conocido como "el negro", presumiblemente por su color, y trabajó como garzón en los locales de El Caballito y Pa'gozá, de propiedad de los hermanos Córdova, sindicados de haber planificado el atraco.
Cuando requisaron las casas de Ramírez, los fiscales encontraron dos manuscritos que decían: "El 'Gordo' tiene la plata..." y "el 'Negro' bajó las gradas...".
Según la abogada de la esposa de Ramírez, Teresa Montaño, esos manuscritos pertenecen a su clienta Giovanna Navia, que escribió lo que decía una vidente que fue contratada por la familia para ver hasta qué punto estaban implicados sus hermanos.
CASI EL 50%
Con la recuperación de este dinero, la Policía logró hallar casi el 50 por ciento de lo robado. En poder de Rufino Rodríguez, alias "Rufo", se encontró $us 88.000.
Por otro lado, la Fiscalía también determinó imputar al hermano de la víctima, Miguel O'Connor por los indicios que tienen sobre el pago de la supuesta coima.
Asimismo, la asesora de Ramírez, Esther Carmona, será presentada a una audiencia de medida cautelar que definirá su futuro.
SOBRE LA INVESTIGACIÓN
INDAGAN GANANCIAS ILÍCITAS. La Fiscalía de Distrito comenzó a investigar, por supuestas ganancias ilícitas, a siete ciudadanos que residen en Tarija, entre ellos Pablo Cossío Cortez, hermano del prefecto Mario Cossío, y Miguel O'Connor D'Arlach, hermano del gerente de Catler Uniservice, Jorge O'Connor, que fue atracado y asesinado tras lo cual le robaron $us 450.000.
LLAMAN A TESTIGOS. La Fiscalía realizará, mañana, un desfile identificativo de los implicados en el asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach para establecer si Rufino Rodríguez fue quien disparó contra él, toda vez que el identikit del asesino elaborado por la Policía, mediante la descripción de los testigos, no coincide con el supuesto autor de este crimen.
RECUSAN A UN FISCAL. La defensa de Luis Fernando Córdova, acusado por haber planificado el "volteo" de 450 mil dólares provenientes de una presunta coima a favor de Santos Ramírez, pidió la recusación del fiscal Luis Mamani, a cargo de este caso.
EN SIPSA YA ANUNCIAN JUICIO CONTRA VILLEGAS
Mientras la Contraloría General de la República y el Ministerio de Transparencia confirmaron ayer que iniciarán una auditoría a YPFB-Sipsa con el objetivo de esclarecer supuestas irregularidades en la conformación de la empresa de sociedad anónima y que ahondan las denuncias contra el ex presidente de la estatal Santos Ramírez; el aún gerente general de YPFB Sipsa, Rogelio Ashimine, aclaró que sigue al mando de esa compañía y anunció acciones legales en la Fiscalía contra el actual presidente de la petrolera, Carlos Villegas, por intervenir arbitrariamente sus instalaciones y violar el Código de Comercio.
Según las autoridades gubernamentales, los documentos de constitución revelan que Ramírez, en nombre de YPFB, adquirió el 25 de agosto del año pasado 218 acciones de la empresa Full Industry y que el 4 de septiembre la conformó como SIPSA, una sociedad anónima, es decir una compañía privada al margen de la estatal, y puso a su mando a sus principales hombres de confianza: Rogelio Ashimine, como gerente; Misael Gemio, presidente; y María Esther Carmona, vicepresidenta.
Ashimine en una conferencia de prensa realizada ayer dijo que antes de juzgar a las personas, ellos deben demostrar la irregularidad. Ante esa situación, indicó que presentó una demanda contra Villegas, porque ordenó la intervención del edificio de Sipsa en el parque urbano. Sobre el retraso en la perforación del pozo Víbora, dijo que la obra tiene un avance de 99% y sólo falta materiales tubulares de la certificadora Continental y 600.000 litros de diesel para poner en marcha el equipo.
DESAPARECEN BS 100 MIL DESTINADOS A OBRA EN POTOSÍ
Una nueva sombra de corrupción cubre a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debido a la pérdida de 100 mil bolivianos que estaban destinados a pagar el anticipo a la empresa Inprocon para la construcción del muro perimetral de la nueva engarrafadora de Potosí, proyectada en la zona de Cala Cala.
El 9 de noviembre del pasado año, el gerente nacional de Administración de YPFB, Marco Antonio Vega, sacó los 100.000 Bolivianos de la regional de Potosí, según confirmó el agente regional Lionel Hinojosa.
El dinero debió ser entregado a la empresa Inprocon de Freddy Murillo Fanola pero ni un solo centavo llegó a la misma y nadie conoce el destino de esos recursos fiscales.
Freddy Murillo no pudo ser entrevistado pues estaba en pleno viaje cuando este diario lo contactó telefónicamente; no obstante, la administradora de Inprocon, Elena Delgado, manifestó que YPFB debió haberles pagado el anticipo de la obra.
Cuando se le consultó si habían efectuado alguna representación ante las autoridades para que se les haga efectivo el pago, la comunicación vía celular se cortó aparentemente debido a fallas técnicas.
En la regional de YPFB se conoció que Delgado ya les había comunicado que no recibieron el pago de los 100.000 Bolivianos y estaban esperando que se haga efectivo.
Siempre en YPFB de Potosí se pudo conocer que la obra consiste en la construcción de un muro perimetral para un área de 12 kilómetros que se encuentran en la zona de Cala Cala, camino a Sucre.
Inicialmente se había establecido que el costo de la obra estaría en el orden de 1.250.000 bolivianos, con la finalidad de garantizar la instalación de una nueva planta engarrafadora ya que la actual se encuentra en un área urbanizada y rodeada de viviendas, frente al estadio "Víctor Agustín Ugarte".
Los trabajos se paralizaron pues el estudio de suelos no fue concluido y se tiene que implementar algunas recomendaciones adicionales con la finalidad de garantizar una obra de calidad que no presente dificultades en el futuro.
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