Ecologista brasileño asesinado: 'Vivo con un arma en la cabeza'
Meses después de predecir su muerte, uno de los principales líderes ecologistas de la Amazonia brasileña fue asesinado junto a su esposa.
José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo da Silva fueron muertos a tiros este martes en la reserva ambiental donde vivían desde hacía más de dos décadas, ganándose la vida con la extracción artesanal de castañas.
La pareja era blanco de amenazas desde hacía años por sus denuncias contra madereros interesados en invadir la reserva, ubicada en el estado de Pará, para talar ilegalmente variedades de alto valor comercial como la caoba.
De acuerdo a la prensa local, a pesar de las denuncias, Da Silva y su esposa jamás consiguieron protección policial.
La presidenta Dilma Rouseff pidió a su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ordenara a la Policía Federal una investigación del asesinato de la pareja.
El ataque en Pará deja en evidencia una vez más la acérrima lucha en torno a la Amazonia y tuvo lugar apenas horas antes de que la Cámara de Diputados aprobara una polémica reforma legal que según sus críticos acelerará la devastación de la selva amazónica.
"Una bala en la frente"
"Hoy estoy hablando ante ustedes, pero en un mes podrían recibir noticias de mi desaparición", había afirmado Ribeiro da Silva en un foro internacional en la ciudad de Manaus en noviembre.
"Defenderé el bosque cueste lo que cueste. Y por eso puedo recibir una bala en la frente en cualquier momento, por mis denuncias contra los madereros", dijo el ecologista.
"La gente me pregunta si tengo miedo. Sí, soy un ser humano, pero mi miedo no me silencia. Mientras tenga fuerzas para caminar denunciaré a los que destruyen el bosque", agregó.
"Defenderé el bosque cueste lo que cueste. Y por eso puedo recibir una bala en la frente en cualquier momento, por mis denuncias contra los madereros"
José Claudio Ribeiro da Silva
Ribeira da Silva y su esposa vivían en el Proyecto Agroextractivista (Paex) Praialta Piranheira, una reserva de más de 20.000 hectáreas en la que residen cerca de 500 familias, situada en la localidad de Nova Ipuxina, en el norte de Pará.
En las reservas Paex está permitida la explotación sustentable de nueces, frutos y caucho, pero no la tala de árboles.
Ribeiro da Silva y su esposa eran dirigentes del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas de Pará, una organización no gubernamental fundada por Francisco "Chico" Mendes, el recolector de caucho y líder ecologista asesinado por ganaderos en 1988.
Pará es uno de los puntos más álgidos de disputas por la tierra y Ribeiro da Silva había advertido el año pasado que corría el riesgo de seguir la suerte de Mendes y de Dorothy Stang, la misionera estadounidense asesinada en Pará en 2005 por defender a campesinos sin tierra.
Ley de la discordia
La muerte de Ribeiro da Silva y su esposa ocurre en un momento clave del debate político en torno al futuro de la Amazonia.
Este martes la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un polémico proyecto de ley para disminuir las áreas protegidas de bosque y extender las tierras cultivables.
El llamado Código Forestal, impulsado por la industria agropecuaria, y rechazado rotundamente por ecologistas, propone cambios a la normativa actual, según la cual los establecimientos en la Amazonia deben mantener un 80 por ciento de cobertura forestal (La exigencia en otras partes del país es de 20 por ciento ).
La iniciativa contempla que los pequeños agricultores estén exentos de la regla del 80 por ciento , aunque esta previsión del proyecto fue retirada por ahora tras el debate en la Cámara de Diputados.
El proyecto propone además reducir la franja de tierra que debe mantenerse intacta en la ribera de ríos y cursos de agua de 30 metros a 15 metros. También concede una amnistía para los productores que talaron ilegalmente bosque en sus tierras antes de 2008.
Deforestación
"Las ONGs son una mafia internacional que impide el desarrollo empresarial en Brasil", dijo a la BBC Katia Abreu, de la Confederación Nacional de Agricultura.
El proyecto, que pasó ahora al Senado, llevó a que los diez ministros de Medio Ambiente que ha tenido el país desde 1973 enviaran una carta a la presidenta Dilma Rousseff instándole a impedir lo que llaman un "desastre ambiental anunciado".
Los opositores del proyecto dicen que entienden la necesidad de aumentar la producción de alimentos en Brasil, pero aseguran que esto puede lograse sin destruir el bosque.
Los establecimientos ganaderos en la Amazonia tienen una productividad promedio de una cabeza por hectárea. "Invirtiendo en mejores variedades de pasturas y fertilizantes yo he logrado aumentar la productividad a 2,5 cabezas por hectárea, sin talar bosque", dijo a la BBC el productor local Percio Barros de Lima.
La deforestación de la selva amazónica de Brasil se multiplicó por seis desde el año pasado, según imágenes satelitales difundidas por el gobierno brasileño la semana pasada.
Las fotografías muestran que entre marzo y abril del 2011 se destruyeron 593 kilómetros cuadrados de bosque, frente a los 103 talados en los mismos meses del año anterior.
El gobierno respondió a estos índices alarmantes de deforestación estableciendo un grupo de emergencia para investigar las causas. Algunos analistas señalan que la tala ilegal está vinculada al debate en el Parlamento y fue llevada a cabo por agricultores que buscan beneficiarse de la aministía prevista en el proyecto de ley.
José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo da Silva fueron muertos a tiros este martes en la reserva ambiental donde vivían desde hacía más de dos décadas, ganándose la vida con la extracción artesanal de castañas.
La pareja era blanco de amenazas desde hacía años por sus denuncias contra madereros interesados en invadir la reserva, ubicada en el estado de Pará, para talar ilegalmente variedades de alto valor comercial como la caoba.
De acuerdo a la prensa local, a pesar de las denuncias, Da Silva y su esposa jamás consiguieron protección policial.
La presidenta Dilma Rouseff pidió a su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ordenara a la Policía Federal una investigación del asesinato de la pareja.
El ataque en Pará deja en evidencia una vez más la acérrima lucha en torno a la Amazonia y tuvo lugar apenas horas antes de que la Cámara de Diputados aprobara una polémica reforma legal que según sus críticos acelerará la devastación de la selva amazónica.
"Una bala en la frente"
"Hoy estoy hablando ante ustedes, pero en un mes podrían recibir noticias de mi desaparición", había afirmado Ribeiro da Silva en un foro internacional en la ciudad de Manaus en noviembre.
"Defenderé el bosque cueste lo que cueste. Y por eso puedo recibir una bala en la frente en cualquier momento, por mis denuncias contra los madereros", dijo el ecologista.
"La gente me pregunta si tengo miedo. Sí, soy un ser humano, pero mi miedo no me silencia. Mientras tenga fuerzas para caminar denunciaré a los que destruyen el bosque", agregó.
"Defenderé el bosque cueste lo que cueste. Y por eso puedo recibir una bala en la frente en cualquier momento, por mis denuncias contra los madereros"
José Claudio Ribeiro da Silva
Ribeira da Silva y su esposa vivían en el Proyecto Agroextractivista (Paex) Praialta Piranheira, una reserva de más de 20.000 hectáreas en la que residen cerca de 500 familias, situada en la localidad de Nova Ipuxina, en el norte de Pará.
En las reservas Paex está permitida la explotación sustentable de nueces, frutos y caucho, pero no la tala de árboles.
Ribeiro da Silva y su esposa eran dirigentes del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas de Pará, una organización no gubernamental fundada por Francisco "Chico" Mendes, el recolector de caucho y líder ecologista asesinado por ganaderos en 1988.
Pará es uno de los puntos más álgidos de disputas por la tierra y Ribeiro da Silva había advertido el año pasado que corría el riesgo de seguir la suerte de Mendes y de Dorothy Stang, la misionera estadounidense asesinada en Pará en 2005 por defender a campesinos sin tierra.
Ley de la discordia
La muerte de Ribeiro da Silva y su esposa ocurre en un momento clave del debate político en torno al futuro de la Amazonia.
Este martes la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un polémico proyecto de ley para disminuir las áreas protegidas de bosque y extender las tierras cultivables.
El llamado Código Forestal, impulsado por la industria agropecuaria, y rechazado rotundamente por ecologistas, propone cambios a la normativa actual, según la cual los establecimientos en la Amazonia deben mantener un 80 por ciento de cobertura forestal (La exigencia en otras partes del país es de 20 por ciento ).
La iniciativa contempla que los pequeños agricultores estén exentos de la regla del 80 por ciento , aunque esta previsión del proyecto fue retirada por ahora tras el debate en la Cámara de Diputados.
El proyecto propone además reducir la franja de tierra que debe mantenerse intacta en la ribera de ríos y cursos de agua de 30 metros a 15 metros. También concede una amnistía para los productores que talaron ilegalmente bosque en sus tierras antes de 2008.
Deforestación
"Las ONGs son una mafia internacional que impide el desarrollo empresarial en Brasil", dijo a la BBC Katia Abreu, de la Confederación Nacional de Agricultura.
El proyecto, que pasó ahora al Senado, llevó a que los diez ministros de Medio Ambiente que ha tenido el país desde 1973 enviaran una carta a la presidenta Dilma Rousseff instándole a impedir lo que llaman un "desastre ambiental anunciado".
Los opositores del proyecto dicen que entienden la necesidad de aumentar la producción de alimentos en Brasil, pero aseguran que esto puede lograse sin destruir el bosque.
Los establecimientos ganaderos en la Amazonia tienen una productividad promedio de una cabeza por hectárea. "Invirtiendo en mejores variedades de pasturas y fertilizantes yo he logrado aumentar la productividad a 2,5 cabezas por hectárea, sin talar bosque", dijo a la BBC el productor local Percio Barros de Lima.
La deforestación de la selva amazónica de Brasil se multiplicó por seis desde el año pasado, según imágenes satelitales difundidas por el gobierno brasileño la semana pasada.
Las fotografías muestran que entre marzo y abril del 2011 se destruyeron 593 kilómetros cuadrados de bosque, frente a los 103 talados en los mismos meses del año anterior.
El gobierno respondió a estos índices alarmantes de deforestación estableciendo un grupo de emergencia para investigar las causas. Algunos analistas señalan que la tala ilegal está vinculada al debate en el Parlamento y fue llevada a cabo por agricultores que buscan beneficiarse de la aministía prevista en el proyecto de ley.
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