Víctima de una supuesta mala praxis tiene muerte cerebral en Santa Cruz
Patricia Suárez Aguilar, una joven de 19 años, está postrada en una cama de la clínica Montero con muerte cerebral. Ella quedó en ese estado el 19 de julio de este año, tras someterse a una cirugía estética de las orejas en el centro Corpo Clinic; sin embargo, por una presunta negligencia médica, lo que pretendía ser una simple corrección se ha convertido en un calvario para sus familiares y su pequeño niño de dos años, que hace más de 40 días no siente las caricias de mamá.
El abogado de la familia de Patricia, Néstor Higa, dijo que la evolución médica de la estudiante de Bioquímica y Farmacia no es alentadora, ya que está con respiración asistida y sin reacción a los estímulos.
“No hay posibilidades médicas para que ella se rehabilite”, afirma el jurista, que está a la espera de la inspección del lugar donde operaron a la muchacha para comprobar si en ese centro existen las condiciones mínimas para una intervención quirúrgica.
La imputada por este hecho es la médica Bethy Mogro Quispe, que desde la semana pasada tiene detención preventiva en el penal Palmasola, por orden del juez Zenón Rodríguez. Ella fue acusada por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de homicidio.
Tal decisión judicial fue considerada atípica en estos hechos, lo mismo que el juicio oral que se desarrollará en el Tribunal Cuarto de Sentencia, donde cuatro médicos de la Caja Bancaria son sindicados de homicidio culposo por la muerte de Aníbal Casanovas, un menor que en abril de 2007, cuando tenía cuatro años, falleció debido a una presunta mala praxis.
Ese juicio, que a decir del padre del menor ha tenido demasiadas demoras, fue suspendido hasta el 17 de octubre, cuando se debe reiniciar el proceso, que de concluir con sentencia sería uno de los primeros en nuestro país.
5.000 CASOS EN 25 AÑOS
El encargado del Comité Nacional de Lucha Contra la Negligencia Médica, Víctor Hugo Llanos, estuvo ayer por Santa Cruz para entrevistarse con el fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, e informarse con mayor detalle, sobre los últimos casos de presunta mala praxis que han venido sucediendo en ese Departamento.
A decir de Llanos, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones locales, desde 1986 a la fecha se ha registrado a más 5.000 víctimas de estos hechos en el país.
El activista dijo que en ningún caso se logró una sentencia ni se identificó a los culpables de esos hechos. Actualmente en el Parlamento hay dos proyectos de ley que esperan ser considerados por los diputados.
El abogado de la familia de Patricia, Néstor Higa, dijo que la evolución médica de la estudiante de Bioquímica y Farmacia no es alentadora, ya que está con respiración asistida y sin reacción a los estímulos.
“No hay posibilidades médicas para que ella se rehabilite”, afirma el jurista, que está a la espera de la inspección del lugar donde operaron a la muchacha para comprobar si en ese centro existen las condiciones mínimas para una intervención quirúrgica.
La imputada por este hecho es la médica Bethy Mogro Quispe, que desde la semana pasada tiene detención preventiva en el penal Palmasola, por orden del juez Zenón Rodríguez. Ella fue acusada por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de homicidio.
Tal decisión judicial fue considerada atípica en estos hechos, lo mismo que el juicio oral que se desarrollará en el Tribunal Cuarto de Sentencia, donde cuatro médicos de la Caja Bancaria son sindicados de homicidio culposo por la muerte de Aníbal Casanovas, un menor que en abril de 2007, cuando tenía cuatro años, falleció debido a una presunta mala praxis.
Ese juicio, que a decir del padre del menor ha tenido demasiadas demoras, fue suspendido hasta el 17 de octubre, cuando se debe reiniciar el proceso, que de concluir con sentencia sería uno de los primeros en nuestro país.
5.000 CASOS EN 25 AÑOS
El encargado del Comité Nacional de Lucha Contra la Negligencia Médica, Víctor Hugo Llanos, estuvo ayer por Santa Cruz para entrevistarse con el fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, e informarse con mayor detalle, sobre los últimos casos de presunta mala praxis que han venido sucediendo en ese Departamento.
A decir de Llanos, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones locales, desde 1986 a la fecha se ha registrado a más 5.000 víctimas de estos hechos en el país.
El activista dijo que en ningún caso se logró una sentencia ni se identificó a los culpables de esos hechos. Actualmente en el Parlamento hay dos proyectos de ley que esperan ser considerados por los diputados.
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