Linchadores irán a la justicia
La Policía rescatando los cadáveres de los linchados.La justicia comunitaria no ampara la pena de muerte y, por tanto, los linchadores de Quila Quila deben rendir cuentas ante la justicia. Así reaccionaron algunas instituciones de la región al conocerse el hecho de sangre ocurrido en esa población cuando comunarios ajusticiaron a dos presuntos ladrones. Asimismo, quedó establecido que los linchados no fueron enterrados vivos sino que murieron por ahorcamiento.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, se refirió al linchamiento registrado en Quila Quila, señalando que se cometió un delito que debe ser investigado, procesado y sancionado.
“Eso es un delito (…) nadie puede agarrar la justicia en sus manos, nadie tiene la justicia para tapar un hecho delictivo con otro hecho delictivo”, remarcó.
Hurtado apuntó que las investigaciones deben ser asumidas por el Ministerio Público, que debería realizar todos los esfuerzos que estén en sus manos para dar con los responsables a pesar del “voto de silencio” instituido en la comunidad.
“Algunas obstaculizaciones a la averiguación de la verdad, obstaculizaciones a esclarecer los hechos; corresponde, obviamente, al Ministerio Público realizar las sanciones que crea correspondientes”, sostuvo.
Por otro lado, comentó que el Tribunal Supremo de Justicia está en condiciones de plantear proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa en el afán de mejorar la administración de justicia. En este entendido, sobre la posibilidad de establecer la pena de muerte en Bolivia, Hurtado enfatizó que no es viable puesto que contradice a la Constitución.
“La Constitución es un pacto político, en la cual todo el pueblo boliviano, en la vía más idónea que fue la democracia, señaló de manera expresa que no puede existir una pena mayor de 30 años. El Tribunal Supremo de Justicia está en esa línea, no estamos de acuerdo con la pena de muerte porque así lo establecen nuestras leyes”, argumentó.
LA FISCALÍA
¿Cómo investigarán el caso frente al pacto de silencio impuesto en la comunidad? El fiscal de Distrito Weimar Guzmán, se reservó los comentarios en vista de que se trata de un “hecho muy especial”. “Las investigaciones ya las hemos iniciado, estamos evaluando ciertos elementos con los que ya contamos; sin embargo, todas las acciones las determinaremos de acuerdo al transcurso de la investigación”, dijo.
¿Justicia comunitaria o delito? Por lo delicado del asunto, si bien el Fiscal no lo dijo de manera textual, brindó varios argumentos para inferir que evidentemente sí se registró un delito. Pero que además no se enmarcaría en las “sanciones” de la justicia indígena originario campesina.
“Los elementos que hemos recolectado nos están señalando que hay una conducta que ingresa dentro del marco del delito, un delito que está tipificado en el Código Penal. Como esa conducta se está encuadrando en el tipo penal, es obligación del Ministerio Público realizar las investigaciones que correspondan”, finalizó.
LA POLICÍA
El pacto del silencio no impedirá que los comunarios de Quila Quila sean investigados por el delito de asesinato. El acuerdo firmado será la primera prueba para encontrar a los responsables de la muerte de los supuestos ladrones rescatados el martes por la Policía.
El comandante Departamental de la Policía, coronel Rolando Ramos, informó que desde la tarde del miércoles el caso de asesinato de los dos supuestos ladrones ya está en investigación por el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC-C).
La autoridad policial explicó que el documento firmado en la comunidad de Quila Quila no tiene efecto legal porque se firmó bajo presión; en consecuencia, dijo, ese acuerdo no impedirá que las investigaciones prosigan para encontrar a los culpables del doble asesinato, ejecutado bajo el amparo de justicia comunitaria.
“Nos hicieron firmar un documento con el fin que no se investigue (…). El caso ya se está investigando, se tiene que dar con los verdaderos autores del hecho, no podemos dejar impune este tipo de delitos”, manifestó.
Ramos manifestó que el documento se entregará como primera prueba al Fiscal que se encargue de la investigación, ya que en el mismo están los nombres de todas las personas que realizaban la vigilia.
OTROS CRITERIOS
La presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, Silvia Salame, repudió este hecho. “No puede haber un acto de linchamiento. No es un caso de justicia comunitaria, es un acto de barbarie al que llegan los ciudadanos inducidos por la ausencia de Estado; no hay Policía en Quila Quila, debía haber representantes de la Policía, no es posible que estemos abandonados a nuestra suerte”, manifestó al citar que en Estados Unidos se dieron casos de personas sentenciadas a la silla eléctrica y que, posteriormente, se encontró a los verdaderos culpables.
“Cómo se puede reparar esa vida frustrada”, interpeló la abogada al apuntar este tipo de desenlaces a la crisis moral, política, social y económica en la que vive el país a la que se suma “la desesperanza que tiene el ciudadano en la justicia”, lo cual ha propiciado una pérdida de credibilidad en la justicia.
La representante Departamental de la Defensoría del Pueblo, Juana Maturano, coincidió con este análisis al recordar que la legislación nacional reconoce tres tipos de jurisdicciones: la ordinaria, la agroambiental y la indígena originaria campesina, ninguna de las cuales reconoce a la muerte como una sanción.
“Consideramos que es un exceso de alguna parte de la población (de Quila Quila) que ejerce este tipo de hechos y está incurriendo en ilícitos graves”, dijo Maturano al recalcar que los principios constitucionales identifican a la vida como el bien superior del ser humano.
Para el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Edgar Salazar, la justicia comunitaria no faculta “despojar la vida” y lo ocurrido en Quilla Quila es asesinato.
Salazar recordó la necesidad de modificar los códigos de justicia en el país y fortalecer el trabajo de la Policía, pero en ningún caso justificar la muerte.
Pidió al Ministerio Público una investigación completa y sancionar a quienes hayan cometido este asesinato. “Tenían el derecho a ser juzgados”, concluyó.
IDENTIDAD
Posterior al examen médico forense, se identificó al primer cadáver con el nombre de Severo Higueras Cruz, persona de entre 35 y 40 años, y el segundo es Pablo NN, de 45 a 50 años; ambos son naturales de Potosí.
La primera víctima, según el reporte de la FELC-C, era un antisocial dedicado al robo de objetos coloniales de iglesias.
Fueron ahorcados
El fiscal de Distrito de Chuquisaca, Weimar Guzmán, comentó detalles de las pericias realizadas sobre los dos cadáveres en la morgue del Hospital Santa Bárbara.
“Se ha procedido a la autopsia legal que ha podido establecer que los cuerpos sí presentan hematomas, hubiesen sufrido agresiones, estamos queriendo determinar cuáles han sido los objetos que se han podido utilizar para generar este tipo de hematomas. Sin embargo, el certificado forense es conclusivo, señala que la causa de la muerte de los dos occisos es asfixia por comprensión mecánica, en términos comunes, por ahorcamiento”, precisó.
Sobre el instrumento utilizado para este efecto, el Fiscal de Distrito explicó que se usó “un objeto muy suave” que no dejó marcas visibles en los cuellos de las víctimas al menos durante la primera revisión. “Sin embargo, de la revisión minuciosa que ha hecho el forense, ha podido establecer que estas marcas equimáticas (lesiones) en el cuello sí existen. Entonces, la causa de la muerte ya está establecida”, detalló.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, se refirió al linchamiento registrado en Quila Quila, señalando que se cometió un delito que debe ser investigado, procesado y sancionado.
“Eso es un delito (…) nadie puede agarrar la justicia en sus manos, nadie tiene la justicia para tapar un hecho delictivo con otro hecho delictivo”, remarcó.
Hurtado apuntó que las investigaciones deben ser asumidas por el Ministerio Público, que debería realizar todos los esfuerzos que estén en sus manos para dar con los responsables a pesar del “voto de silencio” instituido en la comunidad.
“Algunas obstaculizaciones a la averiguación de la verdad, obstaculizaciones a esclarecer los hechos; corresponde, obviamente, al Ministerio Público realizar las sanciones que crea correspondientes”, sostuvo.
Por otro lado, comentó que el Tribunal Supremo de Justicia está en condiciones de plantear proyectos de Ley a la Asamblea Legislativa en el afán de mejorar la administración de justicia. En este entendido, sobre la posibilidad de establecer la pena de muerte en Bolivia, Hurtado enfatizó que no es viable puesto que contradice a la Constitución.
“La Constitución es un pacto político, en la cual todo el pueblo boliviano, en la vía más idónea que fue la democracia, señaló de manera expresa que no puede existir una pena mayor de 30 años. El Tribunal Supremo de Justicia está en esa línea, no estamos de acuerdo con la pena de muerte porque así lo establecen nuestras leyes”, argumentó.
LA FISCALÍA
¿Cómo investigarán el caso frente al pacto de silencio impuesto en la comunidad? El fiscal de Distrito Weimar Guzmán, se reservó los comentarios en vista de que se trata de un “hecho muy especial”. “Las investigaciones ya las hemos iniciado, estamos evaluando ciertos elementos con los que ya contamos; sin embargo, todas las acciones las determinaremos de acuerdo al transcurso de la investigación”, dijo.
¿Justicia comunitaria o delito? Por lo delicado del asunto, si bien el Fiscal no lo dijo de manera textual, brindó varios argumentos para inferir que evidentemente sí se registró un delito. Pero que además no se enmarcaría en las “sanciones” de la justicia indígena originario campesina.
“Los elementos que hemos recolectado nos están señalando que hay una conducta que ingresa dentro del marco del delito, un delito que está tipificado en el Código Penal. Como esa conducta se está encuadrando en el tipo penal, es obligación del Ministerio Público realizar las investigaciones que correspondan”, finalizó.
LA POLICÍA
El pacto del silencio no impedirá que los comunarios de Quila Quila sean investigados por el delito de asesinato. El acuerdo firmado será la primera prueba para encontrar a los responsables de la muerte de los supuestos ladrones rescatados el martes por la Policía.
El comandante Departamental de la Policía, coronel Rolando Ramos, informó que desde la tarde del miércoles el caso de asesinato de los dos supuestos ladrones ya está en investigación por el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC-C).
La autoridad policial explicó que el documento firmado en la comunidad de Quila Quila no tiene efecto legal porque se firmó bajo presión; en consecuencia, dijo, ese acuerdo no impedirá que las investigaciones prosigan para encontrar a los culpables del doble asesinato, ejecutado bajo el amparo de justicia comunitaria.
“Nos hicieron firmar un documento con el fin que no se investigue (…). El caso ya se está investigando, se tiene que dar con los verdaderos autores del hecho, no podemos dejar impune este tipo de delitos”, manifestó.
Ramos manifestó que el documento se entregará como primera prueba al Fiscal que se encargue de la investigación, ya que en el mismo están los nombres de todas las personas que realizaban la vigilia.
OTROS CRITERIOS
La presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, Silvia Salame, repudió este hecho. “No puede haber un acto de linchamiento. No es un caso de justicia comunitaria, es un acto de barbarie al que llegan los ciudadanos inducidos por la ausencia de Estado; no hay Policía en Quila Quila, debía haber representantes de la Policía, no es posible que estemos abandonados a nuestra suerte”, manifestó al citar que en Estados Unidos se dieron casos de personas sentenciadas a la silla eléctrica y que, posteriormente, se encontró a los verdaderos culpables.
“Cómo se puede reparar esa vida frustrada”, interpeló la abogada al apuntar este tipo de desenlaces a la crisis moral, política, social y económica en la que vive el país a la que se suma “la desesperanza que tiene el ciudadano en la justicia”, lo cual ha propiciado una pérdida de credibilidad en la justicia.
La representante Departamental de la Defensoría del Pueblo, Juana Maturano, coincidió con este análisis al recordar que la legislación nacional reconoce tres tipos de jurisdicciones: la ordinaria, la agroambiental y la indígena originaria campesina, ninguna de las cuales reconoce a la muerte como una sanción.
“Consideramos que es un exceso de alguna parte de la población (de Quila Quila) que ejerce este tipo de hechos y está incurriendo en ilícitos graves”, dijo Maturano al recalcar que los principios constitucionales identifican a la vida como el bien superior del ser humano.
Para el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Edgar Salazar, la justicia comunitaria no faculta “despojar la vida” y lo ocurrido en Quilla Quila es asesinato.
Salazar recordó la necesidad de modificar los códigos de justicia en el país y fortalecer el trabajo de la Policía, pero en ningún caso justificar la muerte.
Pidió al Ministerio Público una investigación completa y sancionar a quienes hayan cometido este asesinato. “Tenían el derecho a ser juzgados”, concluyó.
IDENTIDAD
Posterior al examen médico forense, se identificó al primer cadáver con el nombre de Severo Higueras Cruz, persona de entre 35 y 40 años, y el segundo es Pablo NN, de 45 a 50 años; ambos son naturales de Potosí.
La primera víctima, según el reporte de la FELC-C, era un antisocial dedicado al robo de objetos coloniales de iglesias.
Fueron ahorcados
El fiscal de Distrito de Chuquisaca, Weimar Guzmán, comentó detalles de las pericias realizadas sobre los dos cadáveres en la morgue del Hospital Santa Bárbara.
“Se ha procedido a la autopsia legal que ha podido establecer que los cuerpos sí presentan hematomas, hubiesen sufrido agresiones, estamos queriendo determinar cuáles han sido los objetos que se han podido utilizar para generar este tipo de hematomas. Sin embargo, el certificado forense es conclusivo, señala que la causa de la muerte de los dos occisos es asfixia por comprensión mecánica, en términos comunes, por ahorcamiento”, precisó.
Sobre el instrumento utilizado para este efecto, el Fiscal de Distrito explicó que se usó “un objeto muy suave” que no dejó marcas visibles en los cuellos de las víctimas al menos durante la primera revisión. “Sin embargo, de la revisión minuciosa que ha hecho el forense, ha podido establecer que estas marcas equimáticas (lesiones) en el cuello sí existen. Entonces, la causa de la muerte ya está establecida”, detalló.
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