Policía comete el ochenta por ciento de los casos de tortura denunciados
Choques eléctricos, golpes en la cabeza y sumersiones en el agua son algunos de los métodos violentos que se utilizan para agredir en celdas policiales y recintos penitenciarios.
El 80 por ciento de los casos de tortura que investiga el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) han sido cometidos por la Policía, en celdas o en los recintos penitenciarios, según información presentada por el director General de esta entidad, Álvaro Guzmán.
La autoridad, que llegó a Cochabamba para participar del informe defensorial “Volcar la mirada a las cárceles”, afirmó que la Policía es la institución que más vulnera los derechos humanos de las personas, al extremo de que la violencia se convierte en tortura.
El Sepret investiga actualmente 20 casos de tortura, dos de ellos denunciados en Cochabamba, “que han sido cometidos por servidores públicos, especialmente en celdas policiales y en centros penitenciarios”.
“La mayoría ha sido cometido por la Policía, un 80 por ciento e incluso el 90 por ciento ”, manifestó Guzmán.
Al informe defensorial, que se realizó los días 16 y 17 de abril, asistieron estudiantes de derecho y gobernadores de penales de Cochabamba, entre otros, quienes recibieron información sobre la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios del país.
OPINIÓN consultó a dos de los gobernadores sobre este informe del director nacional del Sepret, sin embargo, estos prefirieron no hacer comentarios al respecto.
Uno de los gobernadores señaló que Régimen Penitenciario debería pronunciarse sobre este tema.
Otro de los gobernadores argumentó que no era el más antiguo y tampoco quiso referirse al informe sobre torturas.
SUBMARINO Guzmán afirmó que los 20 casos de tortura que investiga el Sepret se recibieron en los tres años de funcionamiento de esta oficina, dos de los cuales ya tienen imputaciones y se espera que pronto se dicten las sentencias.
El representante del Sepret afirmó que en las celdas policiales o cárceles se tortura a las personas, colocándoles bolsas en la cabeza y se las ahoga con spray, se las sumerge en agua (submarino) o se les aplica la picana (choques eléctricos), además de golpes en la cabeza.
Guzmán lamentó que las penas de cárcel para los torturadores sean muy leves, la máxima es de 10 años de presidio, por lo que cuando se comprueba el delito, “el torturador no recibe una sanción ejemplificadora”.
La propuesta del Sepret es que la sanción máxima se eleve a 20 años de encierro, de modo que se escarmiente a quienes sigan cometiendo este delito, aprovechándose de su cargo.
Guzmán afirmó que el perfil del torturador señala que, además, es una persona corrupta y su agresividad se hace patente no solo cuando ejerce su función como servidor público, sino también en su vida privada, en el ámbito familiar.
“El torturador es prepotente, discrecional, abusivo y poco trasparente, es decir corrupto”.
Para prevenir la tortura, Guzmán afirmó que los fiscales y jueces deberían visitar periódicamente las celdas policiales y recintos penitenciarios, como una forma de fiscalizar el trabajo de los policías, para que no suceda, por ejemplo, lo que pasó en Rurrenabaque (Beni), donde policías violaron a una mujer.
Cuando esta oficina empezó a funcionar y los funcionarios llegaban hasta la institución donde se había denunciado un caso de tortura, el que estaba a cargo se resistía a brindar información, pero esa situación está cambiando, según Guzmán, aunque hay algunos que todavía se comportan de manera prepotente.
El Sepret no puede actuar como unidad coercitiva. Si alguien no quiere entregar información, solo apuntan su cargo e inician un proceso interno.
Empero, independientemente de los casos de tortura que se investigan en el Sepret, esta oficina también hace seguimiento a la violencia penitenciaria, que en el país son 60, de los cuales seis corresponden a Cochabamba.
“No queremos que las cárceles sean un lugar del terror, sino más bien un espacio donde la gente se puedan rehabilitar”, concluyó Guzmán.
Casos en Cochabamba
De los 20 casos que investiga el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), dos se denunciaron en Cochabamba, ocurridos en celdas policiales, según el director general de esta entidad. El Sepret realiza talleres para concienciar a los servidores públicos para que cambien de actitud y no recurran a los métodos violentos contra los detenidos.
Los servicios son gratuitos
La tortura, según la definición del Sepret, es el acto intencionado de un funcionario público a una o varias personas, mediante dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión, o de castigarla por un hecho cometido, o se sospeche que ha cometido, con la finalidad de intimidarla y coaccionarla.
La personas que creen haber sufrido tortura física o psicológica pueden acudir al Sepret, cuyos servicios son gratuitos.
La finalidad del Sepret es garantizar el derecho a la vida, la dignidad, la integridad física, psicológica y sexual de las personas que son ingresadas en los hospitales psiquiátricos, centros de acogida para niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, centros penitenciarios civiles y militares, además de centros de formación policial y militar.
El artículo 15 de la Constitución Política del Estado señala que: “Toda persona tiene el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”.
Los casos de tortura pueden ser denunciados a los números de WhatsApp 72061103, 72045521 y 72045220.
Hay problemas cognitivos y paranoia en las víctimas
Cinthia Mariscal Gonzales
Psicóloga
La tortura se entiende como aquel acto que se realiza de forma intencional por un/a funcionario/a del Estado que se desempeña en un cargo público, y que de forma directa causa severos sufrimientos físicos o mentales sobre la persona torturada, cometiéndose ese acto con un determinado propósito.
Cabe mencionar que el subcomité para la prevención de la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió en su informe sobre Bolivia que la tortura y los malos tratos son prácticas frecuentes en las cárceles aplicadas por policías, personal penitenciario y delegados de los penales.
El aislamiento, como mecanismo de tortura, deriva en tics nerviosos, dificultad para fijar la mirada o para mantener una conversación, postura acobardada y nerviosismo.
Algunas consecuencias psicológicas son las siguientes:
* Angustia: desde la sensación de tensión hasta crisis de pánico (irritabilidad, miedo a una muerte inminente).
* Depresión: desde un bajo estado anímico hasta la depresión clínica (pérdida de reactividad emocional, sentimiento de impotencia, perdida del deseo a vivir).
* Cólera: que va de la ira hasta rabia profunda (hostilidad, imposibilidad de contener los impulsos, acceso de violencia física y verbal en contra de uno mismo, del otro o de objetos, rabia no contenida).
* Problemas cognitivos: desde falta de concentración a estados de confusión alta (pérdida de memoria, confusión y desorientación).
* Distorsiones de la percepción: que se presenta desde hipersensibilidad hasta alucinaciones.
* Paranoia y psicosis: desde la presencia de pensamientos obsesivos a psicosis caracterizadas.
* Automutilación y suicidio, que sería la más terrible.
