La Paz: Investigan corrupción entre CNS, CPS y Ministerio de Gobierno por vidrios polarizados

Ante denuncias sobre la existencia de un supuesto circuito de corrupción entre la Caja Nacional de Salud (CNS), Caja Petrolera de Salud (CPS) y Ministerio de Gobierno, el diputado opositor por Comunidad Ciudadana (CC), Iván Canaviri, activó un proceso de fiscalización.

El primer paso fue formalizar una petición de informe escrito sobre el proceso de compra-venta y certificación médica para obtener la autorización de vidrios polarizados para vehículos particulares.

“Hay mucha denuncia de corrupción tanto en el Ministerio como en las gestoras públicas de salud, la Caja Nacional y la Caja Petrolera de Salud en sentido que hay un sistema que conecta entre las entidades para emitir los certificados médicos a personas que quieran hacer trámites”, declaró el legislador.

Explicó que recibió información de que el personal de ambas cajas no está consultando el historial clínico y no hay la referencia de médicos especialistas, al margen de avisos en el internet donde ofrecen permisos por 1.500 bolivianos.

Sostuvo que lejos de ayudar a la gente, la autorización para el uso de vidrios polarizados está siendo utilizada para que miembros del gobierno reciban recursos.

El diputado manifestó que, según la información recibida, funcionarios del Viceministerio de Seguridad Ciudadana hablan con los entes gestores solicitando certificado médico para determinada persona, cuando el procedimiento normal es que debe consultarse la historia clínica, un registro de ingresos, una referencia y recién emitirse el certificado médico.

Precisó que la gente con problemas de salud relacionados a la exposición solar (alergias, piel y otros) es muy reducida, pero hay quienes obtienen permisos de manera indiscriminada y esto “es un acto de corrupción porque se les está dando a personas que no les corresponde”, añadió.

El Viceministerio de Seguridad Ciudadana amplió el plazo para los trámites hasta fines de febrero, mientras realizan controles respectivos con una multa de 100 bolivianos a quienes no hayan logrado tramitar la autorización.

A finales de enero había 65.000 solicitudes de las que solo el 55% obtuvo la autorización, un 25% fue rechazado y el otro tenía observaciones por subsanar. El costo del permiso es de 200 bolivianos para particulares y 100 para el servicio público que cuenta con polarizados originales.

Con estas denuncias el tiempo le da la razón al ex ministro de gobierno Arturo Murillo quien con el fundamento de eliminar la burocracia, las falsificaciones y los sistemas corruptos conformados por tramitadores, médicos y funcionarios del Ministerio de Gobierno coludidos para extorsionar al ciudadano altas sumas de dinero por la emisión de un permiso, abrogaba en 2020 la Resolución Ministerial 58/2010 modificada en febrero de 2018 que reglamentaba el uso de vidrios polarizados. Hoy el gobierno de Luis Arce reactivó mediante el Decreto Supremo inconstitucional 4740 esta regulación y con ello la mafia que funciona detrás de estas autorizaciones.